COMPARACIONES ODIOSAS
He estado leyendo detenidamente el acuerdo de
investidura suscrito entre el Partido Popular y Ciudadanos y, acto seguido,
releyendo el que en su día alcanzaron el Partido Socialista y la formación
naranja. Lamentablemente, no coincido con aquellos que afirman que ambos textos
son muy parecidos y que incluso aseguran rotundos que 100 de las 150 medidas
del primero ya estaban recogidas en el segundo. O la gran mayoría de los que
opinan no han leído realmente los dos documentos, o no recuerdan bien el
primero porque ya han pasado unos meses desde que lo leyeron. También puede ser
que el calor del verano me haya dejado tan aturdido que he perdido la capacidad
de entender lo que leo, aunque me inclino más por la primera de las tres
opciones.
Si uno lee los dos textos se da cuenta de inmediato
de la filosofía que los inspira. Mientras el firmado por el PSOE está escrito
con una retórica por lo general muy directa (se hará tal cosa, se creará tal
organismo, se derogará tal ley, se prohibirá…), el apadrinado por el PP es la
típica carta a los reyes magos que se escribe sin demasiada convicción y sin
mucho interés (se estudiará, se desarrollará, se endurecerá…). Donde el primer
texto aporta concreción, el segundo aporta ambigüedad. Donde el primero es
categórico, el segundo es vago e impreciso. El primero se compromete a actos
concretos, el segundo los supedita a que un comité de expertos estudie su
viabilidad. En resumen: el primero está hecho para intentar cumplirlo, mientras
que el segundo está diseñado por el típico abogado del Estado que lo que busca
es dejar la mayor cantidad de rendijas abiertas para incumplir su contenido en
cuanto sea posible. Si a eso añadimos que el inspirador del segundo es Mariano
Rajoy, que lleva cuatro años presidiendo el Gobierno sin demostrar mucho
interés en aprobar ninguna de esas teóricas 150 medidas, entendemos mejor de lo
que hablamos y de las pocas o nulas probabilidades que hay de que algo de lo
firmado se acabe cumpliendo.
Pondré varios ejemplos para demostrar lo que digo. El
primer texto, el del PSOE, habla de crear un nuevo delito, el de
enriquecimiento ilícito; pero el segundo lo supedita a un pacto de Estado
previo y encima le añade la coletilla de siempre que haya “garantías sobre su
constitucionalidad”. Otro ejemplo: el primero prohíbe las puertas giratorias
durante cinco años, mientras que el segundo simplemente habla de “endurecer”
las incompatibilidades de los altos cargos, pero sin precisar cómo. Y un tercer
ejemplo: el primero habla de cambiar la hora de España y de adelantar el final
de la jornada laboral a las seis de la tarde, pero el segundo lo supedita a la
apertura de un “diálogo” para luego buscar un “pacto nacional” que persiga el “consenso
de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales”.
No obstante, hay que reconocer que buena parte de las
medidas relacionadas con la lucha contra la corrupción son muy parecidas en
ambos documentos, quizás porque Ciudadanos las puso como condición previa para
sentarse a negociar: fuera imputados, adiós a los aforamientos, sólo ocho años
como presidente del Gobierno, no indultos a corruptos…
Sin embargo, la mayor parte de las medidas más audaces
del primer documento desaparecen en el segundo. De hecho, a veces da la
impresión de que lo que el segundo texto recoge del primero son precisamente
sus partes más retóricas y vacías de contenido, que el primero también las
tiene. Entre las medidas que se han caído por el camino están: el cierre de las
centrales nucleares que cumplan 40 años, la prohibición de cambiar de uso el
suelo de una zona afectada por un incendio, el impuesto a las grandes fortunas,
la limitación de los pagos en efectivo a los 1.000 euros, que cuando se cambien
las condiciones laborales por crisis sólo se puedan rebajar los salarios el 5%,
la famosa mochila austriaca de indemnizaciones por despido, el ingreso mínimo
vital, el complemento salarial, las primarias obligatorias, que el Congreso
trabaje también los meses de enero y julio, que los diputados y senadores no
puedan tener otros trabajos, que el presidente de RTVE sea elegido por dos
tercios del Parlamento, que se acabe con el voto rogado que impide votar desde
el extranjero, que las listas electorales sean abiertas, que los debates entre
candidatos en campaña sean obligatorios, la derogación de la prisión permanente
revisable, la supresión de las diputaciones provinciales…
Y luego están las medidas que se introducen en el
segundo texto que no estaban en el primero, como la bajada condicionada de dos
puntos del IRPF, o las que se mejoran, como la equiparación de los permisos de
maternidad y paternidad. Entre ellas habría que descartar dos que son tan
ambiciosas que deben ser fruto de la rapidez con que se ha debido de escribir
el texto: “Erradicación de la violencia de género” (¿de verdad un Gobierno
puede erradicar semejante lacra?) y “Convertir en inteligentes todas las
ciudades de más de 50.000 habitantes” (debe ser que en España hay ciudades con
cierto retraso mental…).
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